El término “teorías conspiratorias”, que tanto ha sido utilizado en medio de la pandemia por medios rentados y figuras subvencionadas, para desacreditar opiniones e información con evidencia y fundamento, pudiera convertirse en elementos probatorios de serios crímenes contra el estado, la ciudadanía y la humanidad. Mucho más, si estas “teorías” provienen de las más altas esferas.
Tal es el caso del vínculo e influencia de las farmacéuticas en las decisiones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo aquellas que van en detrimento de la salud y la seguridad de la población en general, fruto de una “alegada” conspiración, que va a dar mucho de qué hablar. Más aún, si los republicanos se hacen con la mayoría en la Cámara de Representantes.
La pasada semana los representantes Chip Roy (R-Texas), Andy Biggs (R-Ariz.), Lauren Boebert (R-Colo.) y Dan Bishop (R-N.C.) enviaron una carta al liderato republicano en el Congreso, específicamente al miembro de más alto rango del Comité de Energía y Comercio, Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) y su homólogo en el Comité de Supervisión y Reforma, James Comer (R-Ky.), a fin de que se incluya entre los temas prioritarios el inicio de una investigación profunda sobre estas decisiones “políticamente motivadas” y donde señalan inclusive que la agencia “protege a las compañías farmacéuticas de cualquier responsabilidad”.

Y es que son ya demasiadas, sino las pruebas, las conductas y acciones inaceptables entre estos dos sectores, que han conformado un poderoso y peligroso híbrido entre el Gobierno y la industria privada.
Tal es el caso de la reciente decisión mediante voto unánime del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, para incluir las vacunas del Covid-19 en el requisito estándar de vacunación en niños. No empece a que el reporte del 14 de octubre de 2022 del Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas (VAERS) de los propios CDC, presentan 57,166 informes de eventos adversos por estas vacunas en niños, entre ellas 161 muertes, 528 incapacidades permanentes y 1,962 casos de miocarditis. Esto solo en niños.
Todos saben que en VAERS se reportan menos de un 1% de las reacciones adversas (estudio Harvard University), por lo que esas 57,166 pudieran ser indicativas de 5.7 millones de reacciones adversas en niños a causa de esta sustancia experimental.
Los congresistas expresan categóricamente en su carta: “Los CDC han engañado activamente al pueblo estadounidense durante la pandemia de COVID-19”.
Estos planteamientos e iniciativa del grupo de congresistas, se da simultáneamente después de que trascendiera que los CDC otorgaron un contrato de $55 millones a la agencia de relaciones públicas y mercadeo Weber Shandwick, la misma que también le brinda estos servicios a Pfizer y Moderna.

Lo interesante del asunto es que la contratación de Weber va dirigida a ofrecer consultoría y asesoramiento al Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), adscrito a los CDC y estrecho colaborador del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, adscrito a su vez al Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).
El mismo que financió el controvertido proyecto de investigación de la Universidad de Boston, que produjo en laboratorio una altamente letal cepa híbrida de Sars-Cov-2, capaz de matar al 80% de los ratones infectados en el experimento. Algo que hizo que los congresistas Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.), Morgan Griffith (R-Va.) y Brett Guthrie (R-Ky.), además del senador y médico, Roger Marshall (R-Ka.) exigieran una investigación inmediata.
La NCIRD, asesorada por los mismos que asesoran a las farmacéuticas,  es responsable de brindar administración y apoyo al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), la cual emite recomendaciones a los CDC sobre las vacunas del Covid-19.
Por su parte, tras darse a conocer la contratación de Weber, un contrato de mucho dinero y muy bajo perfil, que data del 2020, el senador Rand Paul (R-Ky.) exigió la pasada semana una investigación sobre lo que a todas luces representa un conflicto de interés, y cursó una carta a la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en donde expresa: “Según los informes, el trabajo de Weber en nombre de NCIRD incluye la promoción de vacunas y la comunicación de los riesgos y las acciones recomendadas para los brotes. Weber es responsable de proporcionar al NCIRD ’10 miembros del personal de comunicaciones de salud en el lugar, siete especialistas en comunicaciones de salud, dos especialistas en investigación de salud y un especialista en redes sociales’… Las comunicaciones estratégicas de Weber incluirán ‘la generación de ideas para historias, la distribución de artículos y la divulgación a organizaciones de noticias, medios y entretenimiento’”, reza la misiva.
El senador exigió la presentación de informes, registros y comunicaciones entre Weber y la agencia relacionadas a este contrato en o antes del 7 de noviembre a las 5:00 pm.
Así las cosas, puede que muchos opinen que todo esto se trata de un asunto de corte político entre demócratas y republicanos, pero lo cierto es que sea como sea, y venga de donde venga, la evidencia y los hechos probados terminarán beneficiando al pueblo estadounidense y su colonia Puerto Rico, laboratorio de prueba de la nación más poderosa del mundo.