Las demandas radicadas por el Departamento de Justicia (DJ) al amparo de la Ley 2 del 2018, mejor conocida como «Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico», para recuperar el dinero mal habido de 32 funcionarios convictos por corrupción, se mantienen en curso bajo litigio y a esta fecha aún no ha producido ni una peseta en resultados.

El artículo 5.2 de dicha ley establece: “Se dispone que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Secretario de Justicia, podrá presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le adjudique una indemnización monetaria equivalente al triple del daño económico ocasionado al erario mediante dicha conducta», reza el estatuto.

Según ha trascendido, se estima en $30 millones la cantidad que el gobierno podría recuperar si las demandas prosperan.

Lo cierto es que los procesos se encuentran en curso al ritmo conocido en nuestro sistema judicial, al amparo del derecho que le asiste a los demandados a defenderse y la evaluación de los recursos legales interpuestos por sus abogados, más aún cuando sus conyuges están involucrados en las demandas.

En Puerto Rico, durante décadas, los funcionarios que defraudaban al país mediante actos de corrupción y apropiación ilegal de dinero, muchas veces millones de dólares, salían de la cárcel como personas pudientes tras extinguir sus condenas.

Entre los demandados se encuentran: la exrepresentante, María Milagros Charbonier; el exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones; el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, entre otros.