Sobre 700,000 boricuas

atrapados e impedidos

de reparar y proteger

propiedades costeras

Absurda política ambiental los condena…

lunes 24 de junio de 2024

Durante los pasados años ha proliferado la idea equivocada de que para proteger el medio ambiente costero hay que impedir de manera total y absoluta cualquier construcción aledaña al mar, inclusive si se trata de mitigación, reparación y protección de propiedades en riesgo de destrucción a causa de la erosión y el embate constante del mar.

Esta idea parece pasar por alto, en aras de la protección de playas, el daño potencial ambiental al coral y vida marina, que ocasionaría si tan solo un 20% de las propiedades y estructuras en riesgo terminaran cayendo al mar en los próximos diez años. Algo que pudiera ser exponencialmente mayor al ritmo del avance del mar sobre la costa de Puerto Rico.

NUEVAISLA.com, desde hace una década, ha estado publicando notas de advertencia sobre la potencial catástrofe ambiental, de proporciones inimaginadas, que representa el permitir que millones de toneladas de escombros caigan al mar.

Nos hemos enfrentado sin miedo a los altoparlantes de los que no entienden ésto o no les conviene entenderlo, toda vez que utilizan el tema medioambiental con propósitos políticos y de publicidad mediática para adelantar sus causas.

Hablar de protección de propiedades aledañas al mar, mediante la construcción de barreras y estructuras en zona marítimo terrestre se ha convertido en tabú en este país.

De 78 municipios, unos 44 están ubicados en la costa con frente marítimo.

Según datos del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI-PR), en el año 2020 unas 728,272 personas residían en áreas costeras ubicadas a menos de 10 metros (32.8 pies) por encima del nivel del mar.

Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en su publicación de estimados poblacionales del año 2023: “La población total de todo Puerto Rico se estima se ha reducido en 2.4 por ciento”.

Si aplicamos esos datos al Censo Decenal 2020, podemos ubicar en sobre 710,000 los residentes costeros en riesgo de ser impactados directamente por el avance del mar sobre la costa.

“El mar reclama lo suyo”:

Muchos son los ciudadanos e inclusive “expertos” que utilizan el refrán popular: “el mar reclama lo suyo”, convencidos de que es inevitable continuar perdiendo costa, y por ende Isla, a causa de la erosión costera, ésto para justificar de manera despreocupada la inacción, sin embargo no ven los 500 años que lleva El Morro y el viejo San Juan reclamándole su espacio y lugar al mar gracias a murallas y barreras.

Tampoco han levantado su vista a los Países Bajos, a Louisiana y muchas otras jurisdicciones que han protegido su territorio y alargado por décadas e inclusive siglos la vida útil de sus costas e infraestructura, utilizando estructuras rígidas o barreras.

Hay unas cuántas preguntas que inducen a la reflexión: ¿Ya se recogieron los escombros contaminantes en la orilla producidos por el huracán María en 2017? ¿Quién recogerá los millones de toneladas de escombros contaminantes que caigan en los próximos años sobre la orilla y dentro del mar? ¿Serán los de los altoparlantes o los protectores de la inacción? ¿Dónde irán a vivir los acorralados entre el mar y las leyes? ¿Dónde irán a vacacionar otros cientos de miles de ciudadanos que utilizan facilidades y estructuras costeras para esparcirse? ¿A la montaña o sobre la desolación de los escombros y un mar contaminado?

El mar no reclama lo suyo, los perpetuadores de la inacción están provocando que cedamos lo nuestro: el habitat de los puertorriqueños, que es nuestra tierra, nuestras playas, nuestras costas… nuestro país.

Estos son los datos según los estudios realizados:

Un estudio publicado en octubre de 2019, producido por la firma Estudios Técnicos Inc., en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) revelaba que el 64.9% de las viviendas de Puerto Rico se encuentran en los municipios costeros y el 14.3% dentro de la zona costanera. Es decir, que de un total de 1,571,744 viviendas existentes hace cinco años, nada menos que 1,020,233 de ellas se encuentran en municipios costeros, de las cuales 224,070 viviendas ubican en la zona costanera.
El estudio titulado: “Análisis espacial y económico: Comunidades, infraestructura y biodiversidad en Riesgo”, revela que “unas 7,894 viviendas, valoradas en $870 millones, están susceptibles a la marejada ciclónica o al efecto del oleaje”.

Los datos, que algunos quieren despachar con simplezas y nimiedades, son alarmantes, vistos no solamente desde la perspectiva económica, sino desde el potencial de catástrofe ambiental que provocaría si miles de toneladas de escombros cayeran en el mar, producto de una prohibición absurda de construcción de estructuras y barreras protectoras en infraestructura existente en zona marítimo terrestre.

“Se estima que en Puerto Rico hay 8,181 viviendas ubicadas en las áreas susceptibles al aumento en el nivel del mar de dos pies, cuyo valor estimado es de $902 millones. Hay 14,570 viviendas ubicadas en áreas que serían permanentemente inundadas por un aumento en el nivel del mar de tres pies cuyo valor al presente es de $1,606 millones y 50,298 con un incremento de seis pies, con un valor agregado de $5,544 millones”, reza el estudio.

Un informe de Estudios Técnicos, publicado en septiembre de 2022 revela en su página 52 que: “La actividad económica generada por las industrias establecidas alrededor de las playas está valorada en $1,136 millones de los cuales el 49% y 48% provienen de la industria hotelera y los servicios de alimentos (restaurantes)… El total de empleos directos es de 13,636 respaldados por una nómina de $249.5 millones… Tomando en cuenta los efectos indirectos e inducidos, la actividad económica total (en las playas) asciende a $3,000 millones, los empleos totales en 30,382 con una nómina de $728.4 millones y $153.5 millones en impuestos”, reza el estudio.

El “Borrador Final del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico”, publicado en abril de 2024 por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, reconoce la figura de barreras o estructuras rígidas como fuentes de control de la erosión costera.

El informe, que aborda el tema con cierto grado de timidez y ambiguedad, ante el tema tabú de construir barreras para la protección de estructuras funcionales en pie en zona marítimo terrestre señala en su expositivo 4.8.2: “Uno de los hallazgos más relevantes sobre el estado de las playas que se identifica es la migración de la línea de costa y unidades de playas tierra adentro …. Además, se identificó erosión en secciones de playas adyacentes a estructuras rígidas en la mayoría de los municipios. Muchas de estas son estructuras de mitigación como rocas, gaviones y paredes de concreto. Esto sugiere que las estructuras rígidas identificadas a lo largo de la línea de costa de las áreas de estudio podrían tener un impacto o control en los procesos de erosión/acreción de las playas”, reza el documento que la Legislatura ha puesto a dormir para ser atendido en 2025.

La solución: Dispensas, legislación y construcción de barreras en zona marítimo terrestre:

Tiene sin cuidado a este medio NUEVAISLA.com si cae bien o mal a los oídos y la psiquis de los que se abrazan a las tendencias mediáticas o modales, así como la incomprensión del serio problema o al miedo de los políticos, “expertos” y demás medios a presentar la única solución existente antes de la catástrofe ambiental que representa millones de toneladas de escombros zambullidos en el mar, la cual nada tiene que ver con la siembra de palitos de mangle.

Es necesario solicitar dispensas federales y estatales, así como legislar, para permitir la construcción de estructuras y barreras – lo más ecoamigables posible – en zona marítimo terrestre, a fin de proteger del colapso las estructuras en pie.

Esto acompañado de una política de planificación preventiva para impedir la construcción de nuevas estructuras en zona marítimo terrestre.

 

El autor es periodista acreditado por el Departamento de Estado de Puerto Rico                                Miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO)
Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), Wa.DC