A casi dos meses de la controvertida extensión del contrato suplementario de la empresa LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de energía en la Isla, los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, sometieron un recurso judicial para impugnar el mismo, alegando que que el proceso de otorgamiento del contrato no se hizo acorde a la Ley 29-2009 de Alianzas Público Privadas.
Según los demandantes, al estar la AEE en un proceso de quiebra sin que se haya establecido el PAD o acuerdo de pago, el contrato original de LUMA aún no habría entrado en vigor para efectos legales, ni mucho menos puede extenderse el contrato suplementario.
Además argumentan que el Artículo 10(e) de la Ley 29 dispone que toda extensión realizada a cualquier contrato de Alianza Público Privada debe ser aprobada mediante legislación.
Dalmau había expresado en días recientes que el contrato de referencia “es un cheque en blanco a una compañía que hasta ahora no ha demostrado la capacidad de dirigir la energía en este País. Se le da el cheque en blanco, porque interpretaron a conveniencia que no era necesario el voto de los representantes del interés público para validar eso”, expresó el líder senatorial en referencia a que alegadamente se incumplió con la disposición de ley que establece que en cualquier transacción relacionada a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los dos representantes del interés público en la junta de directores de Alianzas Público Privadas (APP) deben emitir su voto afirmativo para validar un otorgamiento contractual a un ente privado.
La votación de la junta de directores de la APP tuvo un resultado de tres votos a favor y dos abstenciones de los representantes del interés público.
La extensión del contrato, con una duración hasta que la AEE salga de la quiebra (en otras palabras indefinido), le otorga a LUMA $122 millones adicionales a los $115 ya estipulados.
En caso de una cancelación, el gobierno vendría obligado al pago de penalidades entre $300 y $600 millones.