Las mal llamadas «casetas», muchas de las cuales son recintos con dos y tres cuartos, sala, balcón, cocina y baños, ubicadas durante largas décadas sobre las aguas de la reserva natural de La Parguera, en Lajas, pudieran adquirir un estatus de legalidad de aprobarse el Proyecto del Senado 272 (PS272).

Durante la vista pública ante la Comisión de Innovación, Reformas y Nombramientos, donde compareció el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), agencia que apoya la medida, más que oposición, surgieron preguntas. Una de ellas fue la del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz quien cuestionó la falta de un inventario que totalize la cantidad exacta de estas estructuras.

A preguntas sobre la legalidad de las mismas por parte de la senadora María de Lourdes Santiago (PIP), quien trajo a la discusión si el Reglamento 4860, que regula el uso, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales le aplica a estas estructuras, la directora interina de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, licenciada Carla Marrero Bishop, respondió: «No están legales. Lo que pretende la legislación es eso mismo, establecer una huella… Hay que delimitar y establecer unos parámetros», expresó la abogada, dejando claro que «nuestra posición es que estas personas necesitan tener una regulación y, para eso, tenemos que tener una legislación que sea clara y específica, porque están ilegales”, puntualizó Marrero Bishop.

No podía faltar la voz del senador independiente y líder ambiental, Eliezer Molina, quien buscó darle matiz político y personalista a la discusión, al preguntar si el proyecto beneficia a los suegros de la gobernadora, Jenniffer González Colón, a lo que la licenciada respondió: «Beneficiaría a todos los que están allí y a todo el pueblo de Puerto Rico”.

Molina, quien alega el proyecto de ley es un encargo para beneficiar a los suegros de la gobernadora, quienes poseen dos de estas casas en La Parguera, protagonizó en julio de 2023 un conflicto junto a un grupo de ambientalistas que irrumpieron en la propiedad del matrimonio, alegadamente vandalizándolo, produciéndose el arresto de siete personas.

Curiosamente, la gesta de Molina dio paso a destapar un problema y realidad urbana no atendida por décadas, que al parecer va encaminado a la legalización de estas estructuras mediante el proyecto de ley el cual crearía una Zona de Planificación Especial Turística sobre el agua y terrenos de dominio público en La Parguera, permitiendo reglamentar las estructuras existentes.

De ser aprobado y convertirse en ley, el PS 272 prohibiría construir nuevas estructuras o ampliar las existentes y cobraría cánones durante 40 años a los dueños de estas estructuras.