Los asambleístas de la minoría PPD en la Legislatura Municipal de San Germán, Carlos I. Santana Lugo y Freddie Vargas Martínez (PPD), denunciaron la aprobación de un contrato entre el Municipio de San Germán y la «Remington Christian Academy» para el uso de las facilidades deportivas del parque y la cancha de Sabana Eneas, que se aprobó sin que la minoría tuviera acceso previo al documento ni tiempo para analizarlo.

Durante la Primera Asamblea de la Primera Sesión Ordinaria, el 15 de enero, la mayoría del PNP presentó la medida ya discutida en su caucus, mientras que la minoría no recibió copia alguna. A pesar de las solicitudes de posponer la votación, el contrato fue aprobado rápidamente con 9 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra.

El contrato había sido cancelado en diciembre tras denuncias públicas y una solicitud de investigación ante la Oficina del Contralor. Los legisladores de la minoría advirtieron que su reintroducción sin transparencia constituye un retroceso institucional y viola los principios de fiscalización democrática. Según señalaron, el proceso mostró varias irregularidades, incluyendo la falta de notificación previa a la minoría, la ausencia de copia del contrato para un análisis responsable, la discusión previa del acuerdo en caucus de la mayoría sin participación de la minoría, la negativa del presidente a posponer la votación y la reintroducción de un contrato previamente cancelado tras denuncias públicas.

Tanto Santana Lugo como Vargas Martínez cuestionaron los cambios realizados en el nuevo contrato en desconocimiento si se han corregido los señalamientos que provocaron su cancelación. Denunciaron que la falta de análisis de la minoría pone en riesgo la transparencia y sale a la luz pública el cuestionamiento de a quién o quiénes se benefician de la aprobación rápida (acelerada) del controversial contrato lo que pone en duda la transparencia del proceso.

Los legisladores advirtieron que el acuerdo podría presentar falta de criterios claros para el uso y fiscalización de las facilidades, ausencia de cláusulas de cancelación por incumplimiento, beneficios desproporcionados para la entidad privada y ambigüedad en responsabilidades de mantenimiento, seguros y seguridad. También señalaron la falta de mecanismos de rendición de cuentas y horarios de uso poco claros para la comunidad.

«Esto necesita ser analizado por la Oficina del Contralor, por la Oficina de Ética Gubernamental, por el Departamento de Recreación y Deportes, por la Oficina del Inspector General y por el Departamento de Justicia, esto se hizo en cuartos oscuros. Nos oponemos a la improvisación, al secretismo y al atropello institucional. Un contrato que nace en la oscuridad no puede servir al interés público», concluyeron Santana Lugo y Vargas Martínez.