El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunció públicamente la deficiente gestión administrativa y el pobre desempeño institucional de la presidenta, Dra. Zayira Jordán Conde, y exigió que se inicie un proceso formal de evaluación de su gestión de manera inmediata.

Esta denuncia se suma al reclamo sostenido de la representación estudiantil a nivel sistémico, que desde hace meses ha advertido sobre la pérdida de rumbo administrativo, la ausencia de liderazgo efectivo y el deterioro de los espacios de participación democrática dentro de la universidad. Es por esta razón que el Consejo General de Estudiantes reafirma que la evaluación de la presidencia no sólo es legítima, sino necesaria para salvaguardar y proteger la integridad institucional de la UPR.

El señalamiento surge ante la dilatación de la Junta de Gobierno al considerar una solicitud formal, presentada por el representante estudiantil ante el cuerpo Simonely Hidalgo Rodríguez, para dar comienzo a un proceso evaluativo sobre el desempeño de la funcionaria. No obstante, la misma no pasó a votación por decisión del presidente del cuerpo, el CPA Ricardo Dalmau Santana. El asunto se refirió de manera irregular e improcedente a comités de la junta sin el consentimiento del pleno. Esta acción unilateral del presidente exacerba las preocupaciones sobre la exclusión sistemática del estudiantado en los procesos decisionales de mayor impacto en nuestra institución.

Intentar atropellar esta solicitud refleja debilidad en los mecanismos de gobernanza participativa y una resistencia institucional a la fiscalización. Cuando las voces estudiantiles son ignoradas en los espacios donde se toman decisiones fundamentales, no solo se desmantela el principio de gobernanza compartida que históricamente ha distinguido a la Universidad de Puerto Rico, sino que también se le da la espalda al motor de la universidad: sus estudiantes.
Adicionalmente, el Consejo General de Estudiantes repudió las dinámicas hostiles y antidemocráticas que se han normalizado en las pasadas reuniones de la Junta Universitaria, presididas por la Dra. Jordán Conde. Estas no solo han sido atribuibles a la presidenta, sino también al parlamentarista del cuerpo, el Lcdo. Luis “Tato” León, exrepresentante del Partido Nuevo Progresista, de quien la presidencia ha adoptado interpretaciones para justificar decisiones que limitan la participación de los sectores. Esta dependencia ha convertido a la Junta Universitaria en un espacio cada vez más distante de sus funciones deliberativas. Además, en violación del reglamento interno de la junta, durante las reuniones el parlamentarista intercala con frecuencia entre manuales de procedimiento parlamentario, induciendo a error a la presidenta en su gestión para conducir las reuniones.

Siendo este el cuerpo de mayor representatividad dentro del sistema universitario, su funcionamiento ha estado caracterizado por atropellos al derecho participativo de los miembros, tales como interrupciones arbitrarias de turnos concedidos, omisión de requerimientos de quórum, limitación de la participación de los miembros del cuerpo y un manejo autoritario de la conducción de las reuniones. Estos constantes incumplimientos de los procedimientos administrativos y parlamentarios no deben tener cabida en los sistemas de gobernanza de la institución. Su desempeño ha evidenciado un desconocimiento profundo de la normativa universitaria y de las prácticas que guían los procesos deliberativos de la UPR.

Además, resulta contradictorio que, a pesar de que la Dra. Jordán ha expresado en múltiples foros su disposición a reunirse con las representaciones estudiantiles, en varias ocasiones ha rechazado hacerlo. La más reciente de estas negativas ocurrió el 9 de enero de 2026, cuando declinó una solicitud de reunión presentada por los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes y los representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria. Esta falta de voluntad para entablar un diálogo colectivo con quienes representan al estudiantado a nivel sistémico contradice su discurso público y profundiza la desconfianza hacia su liderato. La comunicación y la apertura al diálogo son imprescindibles para una gobernanza universitaria democrática y participativa entre todos los sectores.

El Consejo General de Estudiantes advirtió que la acumulación de estos hechos colocan a la Universidad de Puerto Rico en una situación de riesgo institucional sin precedentes recientes. Ante este escenario, el Consejo reiteró que no permanecerá en silencio frente a prácticas que debilitan la democracia universitaria y afectan directamente al estudiantado. La evaluación de la presidenta no debe verse como un acto de confrontación, sino como un mecanismo indispensable de transparencia, corrección institucional y responsabilidad pública.

La Universidad de Puerto Rico merece un liderato que conozca sus procesos, respete sus cuerpos representativos y esté dispuesto a la rendición de cuentas. El estudiantado del Recinto de Río Piedras reafirma su compromiso con la defensa de una universidad pública, democrática y participativa, y continuará utilizando todos los espacios disponibles para exigir el respeto que nuestra institución y su comunidad merecen.